Antes de pensar en casarse en la playa, conviene afrontar la realidad: no es sencillo. Y todo empieza por las leyes, que no son claras con la legalidad de este procedimiento, ya que La Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar no hace distinción alguna entre las playas que pueden y no pueden celebrar bodas. Al mismo tiempo, según el artículo 32.1 de la Ley 22/88, de 28 de julio, de la Demarcación de Costas, “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para realizar aquellas actividades o colocar instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”. De acuerdo con dicho artículo, no estaría permitido, ya que las bodas pueden organizarse en cualquier otro lugar. Sin embargo, el asunto no acaba aquí.
Existen multitud de permisos y licencias que se pueden pedir en los ayuntamientos que acogen la playa en cuestión, ya que son estos los que regulan el uso de las mismas. Al pedir permiso, serán necesarias una serie de especificaciones tales como el sistema de montaje de baños o generadores eléctricos, la justificación técnica del uso de ellos, las medidas de seguridad, planos de situación, emplazamientos o nivel de decibelios que se quieran emitir, etc. Los consistorios son los encargados de tramitar las peticiones según la normativa de la autoridad costera, que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; no obstante, algunos trámites deben realizarse en estancias superiores como la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
Por otro lado, es preciso saber que cada lugar es muy diferente. Mientras en algunas playas hay libertad para usar el espacio por su carácter público y natural, en otras no se permite el acotamiento de ningún espacio. Ello implicaría que, en casi todos los casos, no se asegure la ausencia de curiosos a la ceremonia, hecho que anima o desanima a los novios. Y en algunas zonas se pide el pago de una tasa y la entrega de una comisión por parte del lugar de celebración. En este sentido, Islas Canarias sería la zona con mayores facilidades y tasas más bajas, mientras que Cataluña, en concreto Castelldefels (Barcelona), serían las más altas.
